CASO PLAZA DE ESPAÑA: EL SAQUEO QUE NO CESA

MEMORIA SOBRE LA RECIENTE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2015

ENTRE LA SUSPENSIÓN DE PAGOS Y LA QUIEBRA DEL AYUNTAMIENTO

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La reciente aprobación de la Cuenta General de 2015 (con más de un año de retraso sobre lo que indica la ley), ha servido para empezar a poner negro sobre blanco en la cuentas municipales y acercarse al menos a la cruda realidad. La contabilidad municipal, al igual que la de cualquier empresa mercantil, ha de reflejar la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial del Ayuntamiento que descansa, además, sobre varios principios. Uno de esos principios es ese precisamente, el de reflejar su imagen fiel.

Pero si bien se ha hecho un considerable esfuerzo por acercarse a esa imagen fiel de la realidad patrimonial y financiera municipal con la presentación de esta Cuenta General ahora, desde luego a años luz de lo que los anteriores gobernantes hacían, es preciso advertir que aún quedan muchas cuestiones bajo el tapete que solo pueden justificarse por el hecho de que esta Cuenta es precisamente de 2015. Ejercicio que aún no refleja muchas de las contingencias que sobrevuelan sobre las pavorosas cifras que comienzan ahora a ser provisionadas para hacer frente a lo que se avecina. Los casos plaza de España, UG-5, finca El Batán o casa de Campo, son solo algunos de los hitos cuya incidencia en los presupuestos municipales se proyectará inexorablemente de forma dramática en los próximos ejercicios. Pero muy especialmente el caso plaza de España.

EL SAQUEO QUE NO CESA

Un informe del arquitecto municipal emitido precisamente para calcular las provisiones que ha de hacer el Ayuntamiento por estas contingencias, reseña que la responsabilidad patrimonial que le puede ser exigida por los diferentes actores (acreedores) de la empresa municipal mixta PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, creada por mérito de algún genio desconocido para gestionar la actuación en la UE-1 de la plaza de España, se configura en una horquilla que va desde los 12 millones de euros a los 68. Ahí es nada. Desconocemos en qué se basa el arquitecto municipal para establecer tamaña disparidad entre un escenario u otro, pero mucho nos tememos que sin embargo se haya quedado corto con lo de los 68 millones de euros porque con seguridad será bastante más. 

Este asunto del caso plaza de España merece ya entrar directamente en el primer puesto del ranking de los más incomprensibles e irresponsables casos de desastrosa gestión municipal. Con la peculiaridad obviamente como en el resto de todos estos casos, de que los desmadres han de pagarlos inexorablemente los contribuyentes sin que, por lo demás, nadie; ninguno de los grupos políticos que propiciaron este formidable desastre ni mucho menos sus cargos más directos (alguno aún está en la corporación actual), reconozca el inmenso daño patrimonial causado al Ayuntamiento por este caso, pida disculpas por ello y tenga al menos la vergüenza torera de no volver a presentarse. Pero la vida política y desde luego la municipal es así.

El caso plaza de España arruinará inevitablemente la hacienda municipal en los próximos años provocando la quiebra del Ayuntamiento o cuando menos su suspensión de pagos. Pero en esta aventura hay perdedores y ganadores. Si las cifras que maneja el arquitecto municipal para calcular el importe de los 68 millones de euros por los que deberá responder el Ayuntamiento por esta formidable chapuza son ciertas, evidentemente la corporación municipal será la que tenga que arrostrar las pérdidas mayores. Nada menos que 1.790 € por habitante. Por su parte, Bankia perderá en esta descabellada operación 27 millones de euros de los 54 que prestó y que, por la vía del rescate del Estado de esta entidad, también hemos acabado pagando los contribuyentes. Y, finalmente, las propias empresas constructoras que perderán al menos y entre las dos 17 millones de euros. Es decir, las pérdidas millonarias ascenderían pues a 111 millones de euros en su total. O si se le añaden los 27 millones de los 54 de los préstamos hipotecarios concedidos por Bankia inicialmente, para financiar la operación, el importe total empleado en la actuación ascendería a nada menos que 138 millones de euros para unas obras que estaba previsto que solo costaran 36 millones. Es decir, una repercusión por cada metro cuadrado construido de nada menos que de 4.600 €/m2. Increíble. Solo acabarían ganando en este asunto los afectados (unos mucho más que otros, desde luego) y el fondo buitre si finalmente acaba siendo el adjudicatario de los activos de PESF SL por el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid.

Según la memoria de la Cuenta General hay 51 procedimientos contenciosos por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento en los juzgados. La gran mayoría ya sancionadas con condenas firmes a la Corporación y a la espera solo de la ejecución de sentencia. Pero lo que viene ocurriendo con las peritaciones realizadas y las que quedan por realizar, revelan que lo que se está produciendo es un auténtico saqueo del Ayuntamiento, especialmente por parte de un selecto grupo de socios que han cobrado por una vía o por otra mucho más de lo que realmente se reconoce o se les reconoce en los diferentes fallos judiciales. Lo cual es alarmante e indignante.

En efecto. Un buen puñado de socios afectados fueron pura y simplemente comprados y se aprovecharon de que, como se trataba de una operación con fuerte carga política (los partidos propiciaron una fórmula descabellada con errores y riesgos que nunca calcularon; solo les interesaban los votos), los responsables de la actuación, cargos políticos y administradores de WOODMAN SL  comenzaron a formalizar escandalosos acuerdos económicos en forma de anexos a los convenios urbanísticos sin pasarlos por el pleno municipal con este selecto número de socios (más o menos una docena), a los que pagaron cantidades exorbitantes con pólvora del Rey; es decir, con la anuencia de la entonces Caja Madrid que finalmente acabaron por arruinar a la propia sociedad mixta con un pasivo real (no el que calculó el administrador concursal) absolutamente infumable. Así, solo en concepto de realojos y lucros cesantes se pagaron 6 millones de euros cuando estaban calculados unos gastos por este concepto de 1,3 millones de euros.

Por otra parte, se pagaron también compensaciones económicas sin explicación ni tasación alguna por importe de 4,6 millones de euros. Además lógicamente de lo pagado a WOODMAN SL por el contrato de gestión (4,2 millones de euros), un contrato absolutamente abusivo pues dicha sociedad gestora carecía de empleados propios. El pago también de 3,2 millones de euros a la EMS por la compra de 20 locales que en realidad solo era una operación encubierta de auxilio e inyección de liquidez a la agónica situación financiera entonces de la empresa municipal, operación que, paradójicamente, representó luego la propia quiebra de la EMS. Sin olvidar tampoco la inclusión de obras municipales que no tenían financiación alguna (caso del Museo de la Ciudad, 3,4 millones de euros, y urbanización de la propia plaza de España, 2,4 millones). El resultado de todo esto fue la ya conocida quiebra de PESF SL, quiebra también de la EMS, así como pérdidas millonarias de Bankia y de las empresas constructoras.

Así pues, los socios afectados (desconocemos si todos) están recuperando el dinero en forma de sentencias que condenan al Ayuntamiento como responsable patrimonial en fase ya de ejecución casi todas, en las que, además, en muchos de los casos (al menos 36 de ellos) se afirma que lo que el Ayuntamiento hizo no fue una expropiación sino una "ocupación ilegal". 

Pero lo que resulta un escándalo actual, de ahora mismo, es comprobar cómo un buen puñado selecto de esos mismos socios privilegiados que fueron distinguidos con pagos millonarios sin justificación alguna o con justificaciones incomprensibles; que contribuyeron al saqueo de la sociedad tolerada por Caja Madrid en perjuicio propio pues evidentemente PESF SL carecía de recursos propios, son los mismos que están obteniendo sentencias favorables en los Juzgados de lo Contencioso con reconocimiento de importes absolutamente descabellados. O dicho de otro modo, el Ayuntamiento está pagando cantidades exorbitantes a los mismos que ya obtuvieron formidables pagos y compensaciones de PESF SL que, para más desconcierto,  fueron ocultados a los demás socios y figuran en los balances "aparcadas" como si fueran activos de la sociedad cuando obviamente no era así.

Es urgente que los grupos municipales dejen de mirarse ombligo y el cálculo electoral y abran una urgente investigación minuciosa sobre este nuevo escándalo que sin embargo transcurre en la más absoluta penumbra. Porque si los contribuyentes van a ser los paganos finales una vez más, tienen derecho a saber con exactitud, claridad y publicidad, cuánto se ha llevado en total (por pagos entonces de la sociedad y ahora del Ayuntamiento) cada uno de los socios que formaron parte de la sociedad mixta. Y desde luego tienen derecho a saber quiénes, con evidente complicidad de administradores y gestores, han acabado cobrando en no pocos casos el doble y hasta el triple de lo que aportaron. Los responsables municipales actuales nos deben estas explicaciones aquí y ahora, y, antes de pagar ciegamente los exorbitantes importes que venimos viendo en los fallos judiciales, sean depurados uno por uno todos los casos en los que se está produciendo lo que podemos calificar como un verdadero saqueo del Ayuntamiento. Porque hay casos verdaderamente sangrantes.

En la memoria de la Cuenta General de 2015 apenas aparecen tres casos. Pero es de suponer que en la correspondiente a 2016 (que ya debía de estar presentada por parte de la alcaldesa), aparezcan reflejados todos los demás pagos. Los concejales de la actual corporación, todos, no pueden desentenderse de este gravísimo saqueo que se está produciendo en el Ayuntamiento por esta vía, y que afecta, como se dice, a un selecto puñado de socios que también consiguieron obtener formidables rendimientos de la sociedad mixta y que en algunas de las causas penales abiertas, los querellantes califican como presuntos delitos de administración desleal y/o de apropiación indebida.

Mucho nos tememos que la actual corporación municipal incluido el equipo de gobierno, desconozca la responsabilidad en que pueden incurrir si finalmente autorizan pagos a este selecto grupo de socios que ya recibieron formidables pagos en su día de PESF SL sin justificación real alguna. Pero en fin, ellos sabrán. De momento dos empresas quebradas por causa de esta actuación. Y si seguimos así, el próximo será el Ayuntamiento.