AJUSTE DE CUENTAS

EL EXALCALDE MORENO RODEADO POR LOS SUYOS EN UNO DE LOS TENSOS PLENOS ...

EL ALEGATO FINAL

El día 3 de junio pasado, Ángel MORENO, cabeza de lista de IU, anunciaba que no recogería el acta de concejal. Se habían celebrado las elecciones e Izquierda Unida había cosechado sus peores resultados en toda su historia en San Fernando de Henares, quedando incluso como cuarta fuerza política. Una catástrofe desde luego.

Pero al mismo tiempo que anunciaba su intención de no recoger el acta de concejal para la nueva corporación que tenía que constituirse unos días después, dio instrucciones a la abogada Marta FLORES, profesora de la Autónoma y experta en derecho concursal, para que el Ayuntamiento se personara en la pieza separada de calificación del concurso de acreedores de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL, con la consigna además muy clara: que el Ayuntamiento, socio mayoritario de la propia mercantil, abogara por calificar el concurso como CULPABLE. Y ese alegato de la corporación, inspirado sin duda por la querella interna de Izquierda Unida, ha tenido como colofón la ya sabida misma calificación que ha merecido a la Administración concursal como concurso CULPABLE. 

Ángel MORENO ha querido así y a través del último alegato municipal de calificación del concurso, no solo manifestar su posición personal sobre el caso, sino ajustar cuentas con sus debeladores de IU alineados con la exalcaldesa MUÑOZ y su grupo de Izquierda Abierta. Y ese alegato, que expresa no obstante aunque limitadamente lo que ha pasado en realidad con el caso PLAZA DE ESPAÑA SL, es una especie de pieza de acusación total, de enmienda a la totalidad, especialmente dirigida a quienes en el propio escrito se consideran los verdaderos gestores del desastre, los administradores de hecho o de derecho como Joaquín MARTÍNEZ y Carmen CRIADO, así como a WDOOMAN SL y sus tres administradores.

Que el partícipe mayor y con control total de la propia sociedad se lance a calificar el concurso de acreedores como culpable, pone sin duda a los pies de los caballos a sus administradores efectivos responsables, pero también al propio Ayuntamiento. Ha sido como un testamento político póstumo de Ángel MORENO, inspirado por la venganza de la herida abierta e irreconciliable de los dos bandos principales en liza: la del PCE y los grupos que controla, contra el resto de las formaciones de IU, pero entregados ambos a la aniquilación total mutua. 

DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONTABLE Y SOCIETARIA

En el escrito dirigido al señor Juez de lo mercantil, se relata crudamente cómo el propio alcalde se vio obligado a forzar las cerraduras del despacho de la entonces secretaria del consejo de PESF SL, Carmen CRIADO, en "...un intento desesperado de acceder a la documentación de la misma [de la sociedad]. Solo se encontraron partes residuales de esta documentación."

Y continúa diciendo que "Esta conducta, [estaba] encaminada a la ocultación, sustracción y destrucción de documentos y puede subsumirse en el supuesto que contemplado en el artículo 164.2 - 5º [de la Ley Concursal] que contempla la salida fraudulenta del patrimonio de bienes del deudor...". De la misma forma sigue afirmándose en el alegato, que esas conductas se inscriben en una decidida y contumaz falta de colaboración con el juez del concurso, así como de no facilitar la información necesaria o conveniente para el interés del concurso.

La acusación formulada por el Ayuntamiento cuando ya prácticamente nadie del anterior equipo de gobierno iba a estar presente en la nueva corporación, y claramente inspirada en la posición del exalcalde MORENO contra los más encarnizados enemigos de su propia formación, era toda una bomba de relojería colocada en el corazón mismo del teatro de operaciones. Cuyo resultado, solo provisional, es que ha sido dinamitada toda posibilidad de convivir ni en el grupo ni tampoco en la propia coalición, que recientemente ha anunciado su ruptura total y su traslado a otra sede para constituir otro partido o disputar la titularidad de la siglas. También el grupo municipal está totalmente roto irremisiblemente.

ACTUACIONES ENCAMINADAS AL VACIAMIENTO PATRIMONIAL DE PESF SL

El Ayuntamiento alega y acusa también a los administradores de hecho de PESF SL, de haber realizado toda una serie de operaciones económicas con la sociedad, que solo tenían por finalidad la de vaciarla patrimonialmente. Afirma pues que se dedicaron a firmar anexos a los convenios expropiatorios con un selecto grupo de vecinos propietarios, absolutamente opacos y con el resultado de causar a la sociedad un irreversible quebranto económico próximo a los cuatro millones de euros.

Igualmente el escrito no duda en calificar como una gestión temeraria, la llevada a cabo por los administradores de hecho de la sociedad, al haber formalizado acuerdos con algunos socios privados de la sociedad absolutamente abusivos al fijar lucros cesantes o indemnizaciones totalmente disparatadas. A este respecto ponen como ejemplo como uno de los muchos casos habidos, el de un socio que fue expropiado con un justiprecio de sus bienes cifrado en 91.143,00 €, y al día de la fecha dicho socio ha recibido de la propia sociedad nada menos que 780.491,40 €. Es decir, ocho veces más del justiprecio pactado.

No dudan en calificar la gestión de los administradores de hecho de la sociedad, de la que el propio Ayuntamiento es socio mayoritario con un control del 97,21 % de sus participaciones con derecho a voto, como carente de la atención debida, de falta de profesionalidad, de imprudente y de faltar el elemental deber de vigilancia.

Asimismo afirman que todas las graves anomalías que se denuncian en dicho escrito (y que desde luego son numerosas), fueron puestas en conocimiento de la Administración Concursal en su día, sin que la propia AC haya adoptado medida alguna al respecto.

Por último, el Ayuntamiento, por medio de su representación procesal, además de calificar el concurso como CULPABLE, señala también a las personas que considera responsables: Dª Carmen CRIADO, en tanto en cuanto que administradora de hecho de la sociedad. D. Joaquín MARTÍNEZ, como consejero delegado y por lo tanto como administrador de derecho de la sociedad. A la sociedad mercantil WOODMAN SL, en tanto en cuanto que gerente de la propia sociedad por cuyo concepto cobró nada menos que 4,6 millones de euros. Considera también pues a esta sociedad administradora de hecho de PESF SL. Y también considera responsable a D. Victoriano CUESTA en tanto en cuanto que administrador de JOVICASA SL y CARFER 1959 SL, que firmaron numerosos contratos con PESF SL con objetos irregulares. Para acabar señalando también como responsables del concurso a los administradores de WOODMAN SL, D. Miguel ROMERO y D. José Antonio PRIETO.

Sin embargo, sorprendentemente no señalan como responsable del concurso a exalcalde SETIÉN, quien ostentó precisamente el cargo de PRESIDENTE del consejo de administración de la sociedad cuando todas estas cosas ocurrían. Lo citan, eso sí, como testigo. Lo cual es absolutamente desconcertante porque si evidentemente el señor SETIÉN hubiera sido solo testigo de lo acontecido, resultaría muy embarazoso para él justificar por qué no lo denunció.

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El exalcalde MORENO dejó como se dice toda una bomba de relojería en el Ayuntamiento el mismo día que anunció su retirada de la corporación. Y con unos claros destinatarios: sus irreconciliables enemigos internos del partido cuya lucha a muerte entre ambos bandos ha dejado como primera víctima a la propia coalición, que ha saltado por los aires totalmente. El alegato que el Ayuntamiento ha presentado al Administrador concursal, es toda una declaración de guerra llevada a sus últimas consecuencias: la total aniquilación mutua. Ya veremos cómo acaba incluso para la viabilidad de la propia corporación.

La lucha a muerte entre ambos bandos ha tenido muchas manifestaciones públicas (como el cese del portavoz y bestia negra del grupo del alcalde, Javier BLANCO), y otras internas que se van conociendo ahora. Inquietante resulta sin embargo lo manifestado por el anterior coordinador de IU Ángel ESCUDERO en una reunión interna del grupo celebrada a finales de 2014, y con el caso de PESF SL como único punto pues se trataba de decidir si se proponía a la AC liquidar o no la sociedad. 

Al final de la muy agría y acalorada reunión, Ángel ESCUDERO tomó la palabra como coordinador de IU y dejó muy clara la propia posición política de organización:

"La posición oficial de la organización [de IU, se entiende] a este respecto es muy clara. No denunciaremos a WOODMAN SL si con ello ponemos en riesgo perjudicar a un compañero". 

En esta lapidaria consigna expresada en el ambiente de una agresiva reunión mantenida por el grupo, queda resumido el fondo del asunto y el orden de las prioridades para al menos la posición oficial de IU sobre el caso: primero proteger a los suyos, aunque para ello haya que renunciar a perseguir a los culpables. Así de claro quedó en la reunión. WOODMAN SL no será denunciada por IU porque hay que garantizar la indemnidad de un compañero. A buen entendedor pocas palabras más.

Pero los asistentes a dicha reunión (todos los miembros del equipo de gobierno con sus asesores de confianza incluidos) sabían, entre otras cosas, que incluso ese compañero al que la organización ordenaba proteger a toda costa, renunciando a ejercer acciones judiciales contra WOODMAN SL incluso, había firmado documentos como concejal y como consejero delegado de PESF SL varios meses después de haber cesado en ambos cargos. Así queda recogido en el acta levantada. ¿Colegas protectores o en realidad cómplices?